Inminente Fallo en la Haya

Todo indica que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya emitirá el próximo 27 de enero de 2014 su fallo a la demanda interpuesta por Perú contra Chile en enero de 2008, y en la que el país del norte señaló como principal argumento que la “delimitación marítima entre los dos países tenía que ser definida mediante criterios distintos a los de la línea del paralelo que rige actualmente”.

Cabe recordar que al momento de presentar la demanda, Perú indicó que la jurisdicción de la Corte se basaba en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (1948), llamado también Pacto de Bogotá (con la Organización de los Estados Americanos como depositaria).[1]

Han transcurrido casi 6 años desde aquel entonces, y en ambos países con los respectivos cambios de gobierno de por medio, se han desplegado intensas agendas para bajar posibles tensiones producto de este fallo, incluso el gobierno de Piñera optó –variando la estrategia llevada adelante por el gobierno anterior– de manejar las relaciones con Perú por “cuerdas paralelas”.

Aquellos que insinúan que el resultado de esta demanda, independientemente del resultado podría elevar las tensiones entre los países, se equivocan pues basta revisar la historia y comprobar que las tensiones no las producen los fallos, sino que la aplicación de éstos, en la cual el tribunal internacional no tiene injerencia, volviendo nuevamente a una situación de bilateralidad en el conflicto.

Ya vemos que en el caso del fallo emitido por La Haya en noviembre de 2012, en relación a la disputa de frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe sudoccidental, una vez conocido el fallo el gobierno de Santos advirtió la difícil implementación de lo delimitado, y resolvió retirarse del Pacto de Bogotá que reconoce la jurisdicción de La Haya.

Sin ir más lejos, habiendo transcurrido un año de la sentencia, la semana pasada el gobierno de Nicaragua denunció ante el mismo tribunal a Colombia por no haber hecho cumplir el fallo, a lo cual el presidente Santos volvió a señalar que el fallo es inaplicable y que sólo el Congreso de su país puede modificar los límites de Colombia.

Teniendo esta escena de fondo, lo que le espera a Chile y Perú es incierto en lo que se refiere a la aplicación de este fallo y no a la sentencia misma, pues tal como ocurre actualmente en la disputa entre China y Japón por la islas Senkaku-Diaoyu, la proyección del territorio de un país hacia el mar es fundamental, y que en el caso chileno no sólo incluye al mar territorial, sino que al mar presencial.

Es importante recordar que el mar de Chile o mar presencial es lo que le ha dado el sustento oceanopolítico a Chile por décadas y comprobar que la defensa chilena ha desechado este planteamiento desde el inicio del juicio, al decretar el “triángulo exterior” como aguas internacionales, sólo con la idea de obtener un sustento legal que mejore la posición de nuestro país, sienta un grave precedente en nuestra historia marítima.

Las lecciones de esta experiencia, o mejor dicho, de esta aventura en el plano de las relaciones internacionales, justifican aún más la postura de quienes sostienen que Chile debió haber insistido en la resolución del conflicto a través de una agenda bilateral, en que se reafirmaba la idea de la intangibilidad de los tratados.

Haber entregado por completo la jurisdicción de nuestros intereses –y por cierto como también lo ha hecho el propio Perú–, a una institución que es parte de Naciones Unidas, organismo obsoleto creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que es funcional a la hegemonía mundialista, es sencillamente algo por completo insensato y absurdo.[2]

De antemano advertimos que este tribunal no es, ni será imparcial, por encontrarse alineado a los intereses de las potencias del mundo, y para un país pequeño como el nuestro, ceder ante las directrices que se imponen desde el exterior, significará como ya ha ocurrido en el pasado, seguir sumando genuflexiones y condicionamientos a los tratados comerciales de los que participa Chile.

De la misma manera veremos que jugar el papel de país obediente no traerá ningún beneficio, sino que por el contrario, pues como se ha comprobado en la práctica, la instancia de La Haya ha sido el aliciente necesario para que Bolivia haya seguido el ejemplo del Perú y otros países presentando su propia demanda ante este tribunal.

Es nuestro deber como medio alternativo, disidente de la llamada “opinión pública”, consignar lo aquí ocurrido y manifestar sin miramientos que los responsables de este desvarío no se encuentran en el Perú, sino que en nuestro propio país.

 Fernando Saieh Alonso

 


[1] Países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Venezuela y Cuba, y recientemente Colombia no se rigen por la jurisdicción de La Haya.

[2] Cabe recordar que en 1955, el Reino Unido demandó ante el tribunal a Chile y Argentina por territorios antárticos y subantárticos, quedando archivada dicha demanda a raíz de que ninguno de los países quiso acudir a la corte para resolver el problema.

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